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Los pueblos, en su esfuerzo constante porque
triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados
momentos históricos a realizar los mayores sacrificios.
Nuestra querida Patria ha llegado a uno de
esos momentos: una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir,
desde que conquistamos nuestra Independencia, nos oprime de tal manera, que ha
llegado a hacerse intolerable. En cambio de esta tiranía se nos ofrece la paz,
pero es una paz vergonzosa para el pueblo mexicano, porque no tiene por base el
derecho, sino la fuerza; porque no tiene por objeto el engrandecimiento y
prosperidad de la Patria, sino enriquecer un pequeño grupo que, abusando de su
influencia, ha convertido los puestos públicos en fuente de beneficios
exclusivamente personales, explotando sin escrúpulos las concesiones y contratos
lucrativos.
Tanto el poder Legislativo como el Judicial
están completamente supeditados al Ejecutivo; la división de los poderes, la
soberanía de los Estados, la libertad de los Ayuntamientos y los derechos del
ciudadano solo existen escritos en nuestra Carta Magna; pero, de hecho, en México
casi puede decirse que reina constantemente la Ley Marcial; la justicia, en vez de
impartir su protección al débil, solo sirve para legalizar los despojos que
comete el fuerte; los jueces, en vez de ser los representantes de la Justicia, son
agentes del Ejecutivo, a cuyos intereses sirven fielmente; las cámaras de la Unión
no tienen otra voluntad que la del Dictador; los gobernadores de los Estados son
designados por él, y ellos a su vez designan e imponen de igual manera a las
autoridades municipales.
De esto resulta que todo el engranaje
administrativo, judicial y legislativo obedecen a una sola voluntad, al capricho
del general Porfirio Díaz, quien en su larga administración ha demostrado que el
principal móvil que lo guía es mantenerse en el poder y a toda costa.
Hace muchos años se siente en toda la
República profundo malestar, debido a tal régimen de Gobierno; pero el general
Díaz, con gran astucia y perseverancia, había logrado aniquilar todos los
elementos independientes, de manera que no era posible organizar ninguna clase de
movimiento para quitarle el poder de que tan mal uso hacía. El mal se agravaba
constantemente, y el decidido empeño del general Díaz de imponer a la Nación un
sucesor, y siendo este el señor Ramón Corral, llevó ese mal a su colmo y determinó
que muchos mexicanos, aunque carentes de reconocida personalidad política, puesto
que había sido imposible labrársela durante 36 años de Dictadura, nos lanzáramos a
la lucha, intentado reconquistar la soberanía del pueblo y sus derechos en el
terreno netamente democrático.
Entre otros partidos que tendían al mismo
fin, se organizó el Partido Nacional Antireelecionista, proclamando los principios
de SUFRAGIO EFECTIVO Y NO REELECCIÓN, como únicos capaces de salvar a la República
del inminente peligro con que la amenazaba la prolongación de una dictadura cada
día mas onerosa, mas despótica, y más inmoral.
El pueblo mexicano secundó eficazmente a ese
partido y, respondiendo el llamado que se hizo, mandó a sus representes a una
Convención, en la que también estuvo representado el Partido Nacional Democrático,
que así mismo interpretaba los anhelos populares. Dicha Convención designó sus
candidatos para la Presidencia y Vicepresidencia de la República, recayendo esos
nombramientos en el señor Dr. Francisco Vázquez Gómez y en mí para los cargos
respectivos de Vicepresidente y Presidente de la República.
Aunque nuestra situación era sumamente
desventajosa porque nuestros adversarios contaban con todo el elemento oficial,
en el que se apoyaban sin escrúpulos, creímos de nuestro deber, para servir la
causa del pueblo, aceptar tan honrosa designación. Imitando las sabias costumbres
de los países republicanos, recorrí parte de la República haciendo un llamamiento
a mis compatriotas. Mis giras fueron verdaderas marchas triunfales, pues por
donde quiera el pueblo, electrizado por las palabras mágicas de SUFRAGIO EFECTIVO
Y NO REELECCIÓN, daba pruebas evidentes de su inquebrantable resolución de obtener
el triunfo de tan salvadores principios. Al fin, llegó un momento en que el
general Díaz se dio cuenta de la verdadera situación de la República y comprendió
que no podía luchar ventajosamente conmigo en el campo de la Democracia, y me
mandó reducir a prisión antes de las elecciones, las que se llevaron a cabo
excluyendo al pueblo de los comicios por medio de la violencia, llenando las
prisiones de ciudadanos independientes y cometiendo los fraudes más desvergonzados.
En México, como República Democrática, el
poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional, y
esta no puede ser supeditada a fórmulas llevadas a cabo de un modo fraudulento.
Por este motivo el pueblo mexicano ha
protestado contra la ilegalidad de las últimas elecciones; y queriendo emplear
sucesivamente todos los recursos que ofrecen las leyes de la República en la
debida forma, pidió la nulidad de las elecciones ante la Cámara de Diputados, a
pesar de que no reconocía a dicho cuerpo un origen legítimo y de que sabía de
antemano que, no siendo sus miembros representantes del pueblo, solo acatarían la
voluntad del general Díaz, a quien exclusivamente deben su investidura.
En tal estado las cosas, el pueblo, que es el
único soberano, también protestó de un modo enérgico contra las elecciones en
imponentes manifestaciones llevadas a cabo en diversos puntos de la República, y
si éstas no se generalizaron en todo el territorio nacional fue debido a terrible
presión ejercida por el gobierno, que siempre ahoga en sangre cualquiera
manifestación democrática, como pasó en Puebla, Veracruz, Tlaxcala, México, y
otras partes.
Pero esta situación violenta e ilegal no
puede subsistir más.
Yo he comprendido muy bien que si el pueblo
me ha designado como su candidato para la Presidencia, no es porque haya tenido la
oportunidad de descubrir en mi las dotes del estadista o del gobernante, sino la
virilidad del patriota resuelto a sacrificarse, si es preciso, con tal de
conquistar la libertad y ayudar al pueblo a librarse de la odiosa tiranía que lo
oprime.
Desde que me lancé a la lucha democrática
sabía muy bien que el general Díaz no acataría la voluntad de la Nación, y el
noble pueblo mexicano, al seguirme a los comicios, sabía también perfectamente el
ultraje que le esperaba; pero a pesar de ello, el pueblo dio para la causa de la
Libertad un numeroso contingente de mártires cuando estos eran necesarios, y con
admirable estoicismo concurrió a las casillas a recibir toda clase de vejaciones.
Pero tal conducta era indispensable para
demostrar al mundo entero que el pueblo mexicano está apto para la democracia, que
está sediento de libertad, y que sus actuales gobernantes no responden a sus
aspiraciones.
Además, la actitud del pueblo antes y durante
las elecciones, así como después de ellas, demuestra claramente que rechaza con
energía al Gobierno de general Díaz y que, si se hubieran respetado esos derechos
electorales, hubiese sido yo electo para la Presidencia de la República.
En tal virtud, y haciéndome eco de la
voluntad nacional, declaro ilegales las pasadas elecciones, y quedando por tal
motivo la República sin gobernantes legítimos, asumo provisionalmente la
Presidencia de la República, mientras el pueblo designa conforme a la ley sus
gobernantes. Para lograr este objeto es preciso arrojar del poder a los audaces
usurpadores que por todo título de legalidad ostentan un fraude escandaloso e
inmoral.
Con toda honradez declaro que consideraría
una debilidad de mi parte y una traición al pueblo que en mi ha depositado su
confianza no ponerme al frente de mis conciudadanos, quienes ansiosamente me
llaman, de todas partes del país, para obligar al general Díaz, por medio de las
armas, a que respete la voluntad nacional.
El Gobierno actual, aunque tiene por origen
la violencia y el fraude, desde el momento que ha sido tolerado por el pueblo,
puede tener para las naciones extranjeras ciertos títulos de legalidad hasta el
30 del mes entrante en que expiran sus poderes; pero como es necesario que el
nuevo gobierno dimanado del último fraude no pueda recibirse y del poder, o por
lo menos se encuentre con la mayor parte de la Nación protestando con las armas
en la mano, contra esa usurpación, he designado el DOMINGO 20 del entrante
Noviembre para que de las seis de la tarde en adelante, en todas las poblaciones
de la República se levanten en armas bajo el siguiente.
PLAN
1o. Se declaran nulas las elecciones para
Presidente y Vicepresidente de la República, Magistrados a la Suprema Corte de la
Nación y Diputados y Senadores, celebradas en Junio y Julio del corriente año.
2o. Se desconoce al actual Gobierno del general
Díaz, así como a todas las autoridades cuyo poder debe dimanar del voto popular,
porque además de no haber sido electas por el pueblo, han perdido los pocos
títulos que podían tener de legalidad, cometiendo y apoyando, con los elementos
que el pueblo puso a su disposición para la defensa de sus intereses, el fraude
electoral más escandaloso que registra la historia de México.
3o. Para evitar hasta donde sea posible los
trastornos inherentes a todo movimiento revolucionario, se declaran vigentes, a
reserva de reformar oportunamente por los medios constitucionales aquellas que
requieran reformas, todas las leyes promulgadas por la actual administración y sus
reglamentos respectivos, a excepción de aquellas que manifiestamente se hallen en
pugna con los principios proclamados en este Plan. Igualmente se exceptúan las
leyes, fallos de tribunales y decretos que hayan sancionado las cuentas y manejos
de fondos de todos los funcionarios de la administración porfirista en todos los
ramos; pues tan pronto como la revolución triunfe, se iniciará la formación de
comisiones de investigación para dictaminar acerca de las responsabilidades en que
hayan podido incurrir los funcionarios de la Federación, de los Estados y de los
Municipios.
En todo caso serán respetados los compromisos
contraídos por la administración porfirista con gobiernos y corporaciones
extranjeras antes del 20 del entrante.
Abusando de la ley de terrenos baldíos,
numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de
sus terrenos, por acuerdo de la Secretaría de Fomento, o por fallos de los
tribunales de la República. Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos
poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario, se
declaran sujetas a revisión tales disposiciones y fallos y se les exigirá a los
que los adquirieron de un modo tan inmoral, o a sus herederos, que los restituyan
a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán también una indemnización por los
perjuicios sufridos. Solo en caso de que esos terrenos hayan pasado a tercera
persona antes de la promulgación de este Plan, los antiguos propietarios recibirán
indemnización de aquellos en cuyo beneficio se verificó el despojo.
4o. Además de la Constitución y leyes vigentes,
se declaran Ley Suprema de la República el principio de NO REELECCIÓN de
Presidente y Vicepresidente de la República, de los Gobernadores de los Estados y
de los Presidentes Municipales, mientras se hagan las reformas constitucionales
respectivas.
5o. Asumo el carácter de Presidente Provisional
de los Estados Unidos Mexicanos con las facultades necesarias para hacer la guerra
al Gobierno usurpador del general Díaz.
Tan pronto como la capital de la República y
más de la mitad de los Estados de la Federación estén en poder de las fuerzas del
Pueblo, el Presidente Provisional convocará a elecciones generales extraordinarias
para un mes después y entregará del poder al Presidente que resulte electo, tan
luego como sea conocido el resultado de la elección.
6o. El Presidente Provisional, antes de
entregar el poder, dará cuenta al Congreso de la Unión del uso que haya hecho de
las facultades que le confiere el presente Plan.
7o. El día 20 de noviembre, desde las seis de la
tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para
arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan. Los pueblos que
estén retirados de las vías de comunicación lo harán desde la víspera.
8o. Cuando las autoridades presenten resistencia
armada, se les obligará por la fuerza de las armas a respetar la voluntad popular,
pero en este caso las leyes de la guerra serán rigurosamente observadas,
llamándose especialmente la atención sobre las prohibiciones relativas a no usar
balas explosivas ni fusilar a los prisioneros. También se llama la atención
respecto al deber de todo mexicano de respetar a los extranjeros en sus personas
e intereses.
9o. Las autoridades que opongan resistencia a la
realización de este Plan serán reducidas a prisión para que se les juzgue por los
tribunales de la República cuando la revolución haya terminado. Tan pronto como
cada ciudadano del pueblo recobre su libertad, se reconocerá como autoridad
legítima provisional al principal jefe de las armas, con facultad de delegar sus
funciones en algún otro ciudadano caracterizado, quien será confirmado en su
cargo o removido por el Gobierno Provisional.
Una de las principales medidas del Gobierno
Provisional será poner en libertad a todos los presos políticos.
10o. El nombramiento de Gobernador Provisional de
cada Estado que haya sido ocupado por las fuerzas de la revolución será hecho por
el Presidente Provisional. Este Gobernador tendrá la estricta obligación de
convocar a elecciones para Gobernador Constitucional del Estado, tan pronto como
sea posible, a juicio del Presidente Provisional. Se exceptúan de esta regla los
Estados que de dos años a esta parte han sostenido campañas democráticas para
cambiar de gobierno, pues en estos se considerará como Gobernador provisional al
que fue candidato del pueblo siempre que se adhiera activamente a este Plan.
En caso de que el Presidente Provisional no
haya hecho el nombramiento de Gobernador, que este nombramiento no haya llegado a
sus destino o bien que el agraciado no aceptara por cualquiera circunstancia,
entonces el Gobernador será designado por votación de todos los Jefes de las
armas que operan en el territorio del Estado respectivo, a reserva de que su
nombramiento sea ratificado por el Presidente Provisional tan pronto como sea
posible.
11o. Las nuevas autoridades dispondrán de todos
los fondos que se encuentren en todas las oficinas públicas para los gastos
ordinarios de la administración; para los gastos de la guerra, contratarán
empréstitos voluntarios o forzosos. Estos últimos solo con ciudadanos o
instituciones nacionales. De estos empréstitos se llevará una cuenta escrupulosa
y se otorgarán recibos de debida forma a los interesados a fin de que al triunfar
la revolución se les restituya lo prestado.
Transitorio.
A. Los jefes de las fuerzas
voluntarias tomarán el grado que corresponda al número de fuerzas a su mando. En
caso de operar fuerzas voluntarias y militares unidas, tendrá el mando de ellas el
de mayor de graduación, pero en caso de que ambos jefes tengan el mismo grado, el
mando será del jefe militar.
Los jefes civiles disfrutarán de dicho
nombramiento mientras dure la guerra, y una vez terminada, esos nombramientos, a
solicitud de los interesados, se revisarán por la Secretaría de Guerra, que los
ratificará en su grado o los rechazará, según sus méritos.
B. Todos los jefes, tanto civiles como
militares, harán guardar a sus tropas la más estricta disciplina, pues ellos serán
responsables ante el Gobierno Provisional de los desmanes que cometan las fuerzas
a su mando, salvo que justifiquen no haberles sido posible contener a sus soldados
y haber impuesto a los culpables el castigo merecido.
Las penas más severas serán aplicadas a
quienes saqueen alguna población o que maten a prisioneros indefensos.
C. Si las fuerzas y autoridades que sostienen
al general Díaz fusilan a los prisioneros de guerra, no por eso y como represalia
se hará los mismo con los de ellos que caigan en poder nuestro; pero en cambio
serán fusilados, dentro de las 24 horas y después de un juicio sumario, las
autoridades civiles y militares al servicio del general Díaz que una vez estallada
la revolución hayan ordenado, dispuesto en cualquiera forma, trasmitido la orden o
fusilado a alguno de nuestros soldados.
De esa pena no se eximirán ni los más altos
funcionarios, la única excepción será el general Díaz y sus ministros, a quienes
en caso de ordenar dichos fusilamientos o permitirlos, se les aplicará la misma
pena, pero después de haberlos juzgado por los tribunales de la República, cuando
ya haya terminado la Revolución.
En caso de que el general Díaz disponga que
sean respetadas las leyes de guerra, y que se trate con humanidad a los
prisioneros que caigan en sus manos, tendrá la vida salva; pero de todos modos
deberá responder ante los tribunales de como ha manejado los caudales de la Nación
y de como ha cumplido con la ley.
D. Como es requisito indispensable en las leyes
de la guerra que las tropas beligerantes lleven algún uniforme o distintivo y como
será difícil uniformar a las numerosas fuerzas del pueblo que van a tomar parte en
la contienda, se adoptará como distintivo de todas las fuerzas libertadoras, ya
sean voluntarias o militares, un listón tricolor, en el tocado o en el brazo.
CONCIUDADANOS: Si os convoco para que toméis
las armas y derroquéis al Gobierno del general Díaz, no es solamente por el
atentado que cometió durante las ultimas elecciones, sino para salvar a la Patria
del porvenir sombrío que le espera continuando bajo su dictadura y bajo el
gobierno de la nefasta oligarquía científica, que sin escrúpulo y a gran prisa
están absorbiendo y dilapidando los recursos nacionales, y si permitimos que
continúe en el poder, en un plazo muy breve habrán completado su obra: habrá
llevado al pueblo a la ignominia y lo habrá envilecido; le habrán chupado todas
sus riquezas y dejado en la más absoluta miseria; habrán acusado la bancarrota de
nuestra Patria, que débil, empobrecida y maniatada se encontrará inerme para
defender sus fronteras, su honor y sus instituciones.
Por lo que a mi respecta, tengo la conciencia
tranquilla y nadie podrá acusarme de promover la revolución por miras personales,
pues está en la conciencia nacional que hice todo los posible para llegar a un
arreglo pacífico y estuve dispuesto hasta a renunciar mi candidatura siempre que
el general Díaz hubiese permitido a la Nación designar aunque fuese al
Vicepresidente de la República; pero, dominado por incomprensible orgullo y por
inaudita en una revolución antes de ceder un ápice, antes de devolver al pueblo
un átomo de sus derechos, antes de cumplir, aunque fuese en las postrimerías de
su vida, parte de las promesas que hizo en la Noria y Tuxtepec.
Él mismo justificó la presente revolución
cuando dijo: "Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder
y esta será la última revolución."
Si en el ánimo del general Díaz hubiesen
pesado más los intereses de la Patria que los sórdidos intereses de él y de sus
consejeros, hubiera evitado esta revolución, haciendo algunas concesiones al
pueblo; pero ya que no lo hizo... ¡Tanto mejor!, el cambio será más rápido y más
radical, pues el pueblo mexicano, en vez de lamentarse como un cobarde, aceptará
como un valiente el reto, y ya que el general Díaz pretende apoyarse en la fuerza
bruta para imponerle un yugo ignominioso, el pueblo recurrirá a esa misma fuerza
para sacudirse ese yugo, para arrojar a ese hombre funesto del poder y para
reconquistar su libertad.
San Luis Potosí, octubre 5 de 1910.
Francisco I. Madero
Plan de Ayala.
http://www.worldpolicy.org/globalrights/mexico/1911-zapata.html
En: Silva Herzog Jesús, Breve Historia de
la Revolución Mexicana, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1969
Plan libertador de los hijos del Estado de
Morelos, afiliados al Ejército Insurgente que defiende el cumplimiento del Plan
de San Luis, con las reformas que ha creído conveniente aumentar en beneficio de
la Patria Mexicana.
Los que subscribimos, constituidos en Junta
Revolucionaria para sostener y llevar a cabo las promesas que hizo la Revolución
de 20 de noviembre de 1910, próximo pasado, declaramos solemnemente ante la faz
del mundo civilizado que nos juzga y ante la Nación a que pertenecemos y amamos,
los propósitos que hemos formulado para acabar con la tiranía que nos oprime y
redimir a la Patria de las dictaduras que se nos imponen las cuales quedan
determinadas en el siguiente Plan:
1º. Teniendo en consideración que el pueblo
mexicano, acaudillado por don Francisco I. Madero, fue a derramar su sangre para
reconquistar libertades y reivindicar derechos conculcados, y no para que un
hombre se adueñara del poder, violando los sagrados principios que juró defender
bajo el lema de “Sufragio Efectivo y No Reelección,” ultrajando así la fe, la
causa, la justicia y las libertades del pueblo; teniendo en consideración que ese
hombre a que nos referimos es don Francisco I. Madero, el mismo que inició la
precitada revolución, el que impuso por norma gubernativa su voluntad e influencia
al Gobierno Provisional del ex Presidente de la República licenciado Francisco L.
de la Barra, causando con este hecho reiterados derramamientos de sangre y
multiplicadas desgracias a la Patria de una manera solapada y ridícula, no
teniendo otras miras, que satisfacer sus ambiciones personales, sus desmedidos
instintos de tirano y su profundo desacato al cumplimiento de las leyes
preexistentes emanadas del inmortal Código de 57 escrito con la sangre de los
revolucionarios de Ayutla.
Teniendo en cuenta: que el llamado Jefe de la
Revolución Libertadora de México, don Francisco I. Madero, por falta de entereza y
debilidad suma, no llevó a feliz término la Revolución que gloriosamente inició
con el apoyo de Dios y del pueblo, puesto que dejó en pie la mayoría de los
poderes gubernativos y elementos corrompidos de opresión del Gobierno dictatorial
de Porfirio Díaz, que no son, ni pueden ser en manera alguna la representación de
la Soberanía Nacional, y que, por ser acérrimos adversarios nuestros y de los
principios que hasta hoy defendemos, están provocando el malestar del país y
abriendo nuevas heridas al seno de la Patria para darle a beber su propia sangre;
teniendo también en cuenta que el supradicho señor don Francisco I. Madero,
actual Presidente de la República, trata de eludirse del cumplimiento de las
promesas que hizo a la Nación en el Plan de San Luis Potosí, siendo las precitadas
promesas postergadas a los convenios de Ciudad Juárez; ya nulificando,
persiguiendo, encarcelando o matando a los elementos revolucionarios que le
ayudaron a que ocupara el alto puesto de Presidente de la República, por medio de
las falsas promesas y numerosas intrigas a la Nación.
Teniendo en consideración que el tantas veces
repetido Francisco I. Madero, ha tratado de ocultar con la fuerza bruta de las
bayonetas y de ahogar en sangre a los pueblos que le piden, solicitan o exigen el
cumplimiento de sus promesas en la Revolución, llamándoles bandidos y rebeldes,
condenándolos a una guerra de exterminio, sin conceder ni otorgar ninguna de las
garantías que prescriben la razón, la justicia y la ley; teniendo en consideración
que el Presidente de la República Francisco I. Madero, ha hecho del Sufragio
Efectivo una sangrienta burla al pueblo, ya imponiendo contra la voluntad del
mismo pueblo, en la Vicepresidencia de la República, al licenciado José María Pino
Suárez, o ya a los gobernadores de los Estados, designados por él, como el llamado
general Ambrosio Figueroa, verdugo y tirano del pueblo de Morelos; ya entrando en
contubernio escandaloso con el partido científico, hacendados-feudales y caciques
opresores, enemigos de la Revolución proclamada por él, a fin de forjar nuevas
cadenas y seguir el molde de una nueva dictadura más oprobiosa y más terrible que
la de Porfirio Díaz; pues ha sido claro y patente que ha ultrajado la soberanía
de los Estados, conculcando las leyes sin ningún respeto a vida ni intereses, como
ha sucedido en el Estado de Morelos y otros conduciéndonos a la más horrorosa
anarquía que registra la historia contemporánea. Por estas consideraciones
declaramos al susodicho Francisco I. Madero, inepto para realizar las promesas de
la revolución de que fue autor, por haber traicionado los principios con los
cuales burló la voluntad del pueblo y pudo escalar el poder; incapaz para
gobernar y por no tener ningún respeto a la ley y a la justicia de los pueblos, y
traidor a la Patria por estar a sangre y fuego humillando a los mexicanos que
desean libertades, a fin de complacer a los científicos, hacendados y caciques que
nos esclavizan y desde hoy comenzamos a continuar la Revolución principiada por él,
hasta conseguir el derrocamiento de los poderes dictatoriales que existen.
2º. Se desconoce como Jefe de la Revolución al
señor Francisco I. Madero y como Presidente de la República por las razones que
antes se expresan, procurándose el derrocamiento de este funcionario.
3º. Se reconoce como Jefe de la Revolución
Libertadora al C. general Pascual Orozco, segundo del caudillo don Francisco I.
Madero, y en caso de que no acepte este delicado puesto, se reconocerá como jefe
de la Revolución al C. general don Emiliano Zapata.
4º. La Junta Revolucionaria del Estado de
Morelos manifiesta a la Nación, bajo formal protesta, que hace suyo el plan de
San Luis Potosí, con las adiciones que a continuación se expresan en beneficio de
los pueblos oprimidos, y se hará defensora de los principios que defienden hasta
vencer o morir.
5º. La Junta Revolucionaria del Estado de
Morelos no admitirá transacciones ni componendas hasta no conseguir el
derrocamiento de los elementos dictatoriales de Porfirio Díaz y de Francisco I.
Madero, pues la Nación está cansada de hombres falsos y traidores que hacen
promesas como libertadores, y al llegar al poder, se olvidan de ellas y se
constituyen en tiranos.
6º. Como parte adicional del plan que invocamos,
hacemos constar: que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los
hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán en
posesión de esos bienes inmuebles desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan
sus títulos, correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido
despojados por mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las
armas en las manos, la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren
con derechos a ellos, lo deducirán ante los tribunales especiales que se
establezcan al triunfo de la Revolución.
7º. En virtud de que la inmensa mayoría de los
pueblos y ciudadanos mexicanos no son mas dueños que del terreno que pisan sin
poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a
la agricultura, por estar monopolizadas en unas cuantas manos, las tierras, montes
y aguas; por esta causa, se expropiarán previa indemnización, de la tercera parte
de esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellos a fin de que los pueblos
y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o
campos de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todo la falta de
prosperidad y bienestar de los mexicanos.
8º. Los hacendados, científicos o caciques que
se opongan directa o indirectamente al presente Plan, se nacionalizarán sus bienes
y las dos terceras partes que a ellos correspondan, se destinarán para
indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas que
sucumban en las luchas del presente Plan.
9º. Para ejecutar los procedimientos respecto a
los bienes antes mencionados, se aplicarán las leyes de desamortización y
nacionalización, según convenga; pues de norma y ejemplo pueden servir las puestas
en vigor por el inmortal Juárez a los bienes eclesiásticos, que escarmentaron a
los déspotas y conservadores que en todo tiempo han querido imponernos el yugo
ignominioso de la opresión y el retroceso.
10º. Los jefes militares insurgentes de la
República que se levantaron con las armas en las manos a la voz de don Francisco
I. Madero, para defender el Plan de San Luis Potosí y que se opongan con fuerza al
presente Plan, se juzgarán traidores a la causa que defendieron y a la Patria,
puesto que en la actualidad muchos de ellos por complacer a los tiranos, por un
puñado de monedas o por cohechos o soborno, están derramando la sangre de sus
hermanos que reclaman el cumplimiento de las promesas que hizo a la Nación don
Francisco I. Madero.
11º. Los gastos de guerra serán tomados conforme
al artículo XI del Plan de San Luis Potosí, y todos los procedimientos empleados
en la Revolución que emprendemos, serán conforme a las instrucciones mismas que
determine el mencionado Plan.
12º. Una vez triunfante la Revolución que
llevamos a la vía de la realidad, una junta de los principales jefes
revolucionarios de los diferentes Estados, nombrará o designará un Presidente
interino de la República, que convocará a elecciones para la organización de los
poderes federales.
13º. Los principales jefes revolucionarios de
cada Estado, en junta, designarán al gobernador del Estado, y este elevado
funcionario, convocará a elecciones para la debida organización de los poderes
públicos, con el objeto de evitar consignas forzosas que labren la desdicha de los
pueblos, como la conocida consigna de Ambrosio Figueroa en el Estado de Morelos y
otros, que nos condenan al precipicio de conflictos sangrientos sostenidos por el
dictador Madero y el círculo de científicos hacendados que lo han sugestionado.
14º. Si el presidente Madero y demás elementos
dictatoriales del actual y antiguo régimen, desean evitar las inmensas desgracias
que afligen a la patria, y poseen verdadero sentimiento de amor hacia ella, que
hagan inmediata renuncia de los puestos que ocupan y con eso, en algo restañarán
las graves heridas que han abierto al seno de la Patria, pues que de no hacerlo
así, sobre sus cabezas caerán la sangre y anatema de nuestros hermanos.
15º. Mexicanos: considerad que la astucia y la
mala fe de un hombre está derramando sangre de una manera escandalosa, por ser
incapaz para gobernar; considerad que su sistema de Gobierno está agarrotando a la
patria y hollando con la fuerza bruta de las bayonetas nuestras instituciones; así
como nuestras armas las levantamos para elevarlo al Poder, las volvemos contra él
por faltar a sus compromisos con el pueblo mexicano y haber traicionado la
Revolución iniciada por él; no somos personalistas, ¡somos partidarios de los
principios y no de los hombres!
Pueblo mexicano, apoyad con las armas en las
manos este Plan, y haréis la prosperidad y bienestar de la Patria.
Libertad, Justicia y Ley. Ayala, Estado de
Morelos, noviembre 25 de 1911.
General en jefe, Emiliano Zapata, rúbrica.
Generales: Eufemio Zapata, Francisco Mendoza, Jesús Navarro, Otilio E. Montaño,
José Trinidad Ruiz, Próculo Capistrán, rúbricas. Coroneles: Pioquinto Galis,
Felipe Vaquero, Cesáreo Burgos, Quintín González, Pedro Salazar, Simón Rojas,
Emigdio Marlolejo, José Campos, Felipe Tijera, Rafael Sánchez, José Pérez,
Santiago Aguilar, Margarito Martínez, Feliciano Domínguez, Manuel Vergara, Cruz
Salazar, Lauro Sánchez, Amador Salazar, Lorenzo Vázquez, Catarino Perdomo, Jesús
Sánchez, Domingo Romero, Zacarías Torres, Bonifacio García, Daniel Andrade,
Ponciano Domínguez, Jesús Capistrán, rúbricas. Capitanes: Daniel Mantilla,
José M. Carrillo, Francisco Alarcón, Severiano Gutiérrez, rúbricas, y siguen más
firmas.
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