Historia de México II

Programa de Cómputo para la Enseñanza

Humberto Domínguez Chávez y Rafael Alfonso Carrillo Aguilar

Mayo de 2009

Cuestionario de Autoevaluación

La crisis generalizada del Estado corporativo durante los gobiernos de Luis Echeverría, José Lopez Portillo y Miguel de la Madrid (1970-1988)

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Instrucciones: Lee cuidadosamente lo que se te pregunta y responde en el recuadro inferior izquierdo; revisa para elaborar tu respuesta el fragmento de texto que acompaña cada pregunta. Al terminar de escribir verifica lo acertado de tu respuesta en el recuadro inferior derecho, dándo un click en el texto de la pregunta respectiva.


Pregunta 1: ¿Cuál fue el contexto en que llegó a la presidencia Luis Echeverría Álvarez?:

Para 1967-68 se devalúan las principales monedas de los países capitalistas, iniciándose una etapa de recesión mundial que afectó al sector agropecuario, al decaer la producción de granos y elevarse los precios. Su efecto fue la bancarrota de millares de pequeños y medianos propietarios y ejidatarios, con el efecto de concentración de la tierra y la monopolización del sector. Los niveles de desempleo y subempleo se incrementaron, alcanzando para 1976 al 50% de la población económicamente activa, con los índices más altos en el campo (4 millones de personas).

En 1970, al ser nominado como candidato presidencial por el PRI, Luis Echeverría Álvarez lanzó una campaña que prometía el retorno a las raíces populares de la revolución mexicana. Hizo una promesa formal de reparto de la riqueza, al mismo tiempo que se comprometió a lograr mayor eficiencia en el aparato productivo nacional; reivindicó el programa de justicia social del cardenismo y el papel que debe jugar el Estado como rector de la economía, en un programa de desarrollo compartido de los beneficios.

El gobierno se esforzó por superar su desprestigio y el deterioro de la legitimidad política, agravados con los acontecimientos de 1968, por lo que se invitó a los disidentes a colaborar en el gobierno y a expresar sus inconformidades de manera abierta, en un intento de establecer una apertura democrática, al mismo tiempo que se habló de democratizar la vida sindical; todo ello, en un intento de revitalizar la unidad social. Se enfatizó la solución de los problemas del campo, mientras que en el programa económico se consideraban prioritarios las siderúrgicas, los hidrocarburos y la producción de electricidad.

 

Pregunta 2: ¿Cuál fue su propuesta de gobierno?:

Enfrentó a los empresarios reprochándoles su desmedido afán de lucro, la pérdida del nacionalismo y su falta de visión para cumplir con el pacto con los trabajadores, la sociedad y el Estado; advirtiendo a los extranjeros que su gobierno no tenía mentalidad expropiatoria, fomentando la inversión. Sin embargo, con la Ley Bancaria de 1972 y 1975, apareció y se desarrolló el sistema de banca múltiple, fusionándose el capital bancario con el industrial, el hipotecario y el capital de préstamo, que alentó el ascenso de grandes grupos financieros que absorbieron a los pequeños bancos. El anonimato en las acciones, que eran al portador, promovió la centralización del capital bancario y financiero; así, para 1977 Banamex, Bancomer, Serfin y Comermex manejaban ¾ partes del capital de los multibancos, mientras que los dos primeros disponían del 50% del total de recursos y depósitos del país.

Echeverría lanzó una campaña demagógica de apertura democrática, con la que buscó reafirmar la legitimidad ideológica e institucional del partido oficial. Bajo las tesis de ponerse al día, preservar lo preservable y cambiar para permanecer iguales, renovó los instrumentos de legitimación ideológica; se hizo un mayor uso de los medios de comunicación masiva, con una Subsecretaría de Radiodifusión, una agencia de noticias (NOTIMEX) y un canal de televisión para el sector público, el canal 13. En 1975, durante la campaña de José López Portillo, se utilizó ampliamente la publicidad, con logotipos, uso de correspondencia y llamadas telefónicas, y un llamado a combatir la corrupción, la desunión y el abstencionismo electoral.

 

Pregunta 3: ¿Cómo enfrentó la inconformidad y las protestas sociales?:

Se adoptó un discurso populista, para que el pueblo comprendiera la preocupación del régimen por su bienestar y desarrollo, que buscaba superar el vacío de poder en que había caído el gobierno después de 1968. Al mismo tiempo que se sostenía la represión; el 10 de junio de 1971 fuerzas paramilitares, entrenadas por el ejército y la policía del Distrito Federal, conocidos como Halcones, reprimieron con garrotes y armas de fuego una manifestación que solicitaba una reforma educativa y el respeto a la autonomía universitaria en Nuevo León. Se destituyó al regente Alfonso Martínez Domínguez y al jefe de la policía Rogelio Flores Curiel.

La destitución de varios funcionarios de alto nivel, más no así el fincarles responsabilidades penales, fue un momento espectacular y mediático de su campaña. La verdadera eficacia política de su discurso se realizó como un hecho burocrático, al incorporar a su administración a diversos participantes en el movimiento estudiantil de 1968; lo anterior se sumó o a la avalancha de tolerancia (guardó un minuto de silencio por los muertos en la matanza de Tlatelolco en una visita a la Universidad de Guadalajara), incremento en los subsidios, trato personal y propósitos de enmienda. Sin embargo, no incluyó en la apertura a los propios medios; así, el 8 de julio de 1976, utilizando presiones internas y externas a la empresa, determinó la expulsión de siete cooperativistas del periódico Excelsior, entre ellos los redactores y Julio Scherer García el director, por sus criticas, para acallar a la prensa.

Hasta 1972 serían prohibidas las manifestaciones públicas de oposición, en clara violación a la Constitución; mientras que los empresarios fueron ampliamente consultados sobre asuntos de gobierno a partir de 1970, por lo que la principal reforma fiscal del desarrollo compartido del proyecto sexenal, que gravaría con un impuesto patrimonial (fortunas acumuladas), nunca fue presentado; nada en contra de la iniciativa privada. Mientras que el presidente y la burocracia corporativa acusaban a la izquierda, y Fidel Velázquez de la CTM declaraba: Los enemigos tradicionales y los de nuevo cuño se han coludido, a pesar de sus diferencias ideológicas e intereses encontrados, porque coinciden en el propósito de trastocar el orden y derrocar al gobierno establecido. La locura del poder y la corrupción no tenían límite, unían en un saco a todos los grupos sociales como enemigos del gobierno, la única voz era la del PRI-gobierno.

La agitación social se extendió todo el sexenio, desde la violenta guerrilla urbana y rural, hasta las movilizaciones sindicales y de movimientos populares. En Puebla (Xonacatepec, Tepeaca y Tecamachalco) se incrementan las invasiones agrarias, obligando al gobierno a entregar a los campesinos las tierras de riego; al mismo tiempo que la unión de vendedores ambulantes, electricistas, telefonistas, obreros de la empresa Volskwagen y universitarios hacían frente común contra el gobernador, defendiendo sus reivindicaciones particulares. La violencia se multiplicaba con los asesinatos de estudiantes, funcionarios de la universidad poblana y obreros por fuerzas paramilitares, lo que generaría la renuncia del gobernador.

Entre agosto y septiembre de 1973 fueron asesinados los empresarios Francisco Aranguren y Eugenio Garza Sada, en acciones violentas de la guerrilla urbana, que generaría acusaciones del sector patronal hacia el gobierno por impulsar la lucha de clases y la ideología marxista. Los empresarios entablaron luchas sociales de desestabilización al realizar paros de comerciantes en Monterrey y Puebla, al mismo tiempo que amenazaron con suspender el pago de impuestos por la caída del gobernador; al mismo tiempo que se organizó una campaña en contra del aumento en las tarifas eléctricas y la Ley Nacional de Salarios Mínimos, el reparto de utilidades y la semana de 40 horas.

En agosto de 1973 los empresarios cuestionaban las medidas del gobierno para contener la inflación (adecuaciones fiscales, el control de precios, aumentos salariales y la reducción de la semana laboral); demandaban: a) Disminución del circulante y el gasto público; b) Creación de condiciones propicias para incrementar la oferta y la demanda y c) Eliminación de los subsidios a empresas descentralizadas.

 

Pregunta 4: ¿Cómo enfrentó las protestas obreras y la rebelión social?:

Al inicio de su gobierno, Echeverría buscó poner fin al reinado de Fidel Velázquez en la CTM, lo que se dificultó por la crisis económica y la consecuente movilización obrera. Simultáneamente a la concentración y monopolio del sistema industrial se presentó la agitación sindical, en los sectores altamente estratificados y privilegiados del proletariado industrial. Se sucedieron huelgas entre los electricistas y los ferrocarrileros en 1971 y 1972, en la industria automotriz en la empresa Nissan, en la textil en Rivetex, Celanese y Medalla de Oro en 1973, en la de aparatos domésticos General Electric, Cinsa-Cifunda y Lido en 1974; en las de maquinaria como Spicer y Manufacturas Metálicas de Monterrey, y las de industrias de calzado como Panam y Duramil en 1975, entre otras.

Los tradicionales mecanismos de control gubernamental sobre el movimiento sindical, establecidos desde Miguel Alemán, estaban agotados, al diluirse la garantía de salarios, trabajos estables y la red de prestaciones compensatorias, en medio de la crisis. Fidel Velázquez aprovechó la coyuntura para enfrentar a los empresarios y al presidente, empujando al país al borde de una huelga nacional por incrementos salariales, logrando aglutinar por un lado al sector empresarial y, por el otro, al gobierno echeverrista, utilizándose la movilización obrera. En 1974, Echeverría declaró legítimas las demandas obreras y logró un incremento del 35%, al mismo tiempo que restableció la alianza con la CTM, y se eliminó a los sindicalistas más radicales como Rafael Galván de la Tendencia Democrática del sindicato de electricistas, utilizando al ejército para desalojar a los trabajadores y acabar con las protestas de libertad sindical.

Entre 1970-1972 proliferaron las acciones armadas con secuestros y robos a bancos por las guerrillas rurales y urbanas, renacieron las luchas sindicales al margen de la CTM, surgieron nuevas organizaciones campesinas y se incrementaron las demandas agrarias, mientras que el movimiento armado tuvo su origen en la represión gubernamental contra campesinos, maestros y estudiantes. Los secuestros de grandes empresarios y políticos corruptos, y los robos a empresas, se realizaron para financiar una supuesta revolución que surgirá con el ejemplo dado por los guerrilleros de la Brigada Roja de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Desde el poder político se organizaron grupos represivos de militares y policías que se integraron en una Brigada Blanca, para contener las acciones de la guerrilla que perpetraban secuestros, atacaban a policías y realizaban atracos a empresas bancarias; las acciones de estos grupos paramilitares, integrados en la Brigada Blanca, consistieron en realizar secuestros de activistas, tortura a los detenidos y realizar ejecuciones al margen de la ley, con lo que lograrían derrotar a los grupos violentos en 1973.

Por su parte, los trabajadores fortalecieron el renacimiento de un movimiento opositor al régimen, con la integración de organizaciones sindicales independientes en los sectores eléctrico, universitario, automotriz, telefónico y textil, a pesar de que el ejército fue utilizado para disolver las huelgas como la realizada por la Tendencia Democrática del sindicato eléctrico en 1976, o la de los universitarios de la UNAM en 1977. Las organizaciones sindicales independientes de la CTM formarían el Congreso del Trabajo (siete confederaciones, siete federaciones, dos uniones sindicales y 16 sindicatos nacionales) con 32 organizaciones y más de 2 millones de miembros (75% de todos los sindicalizados). En diciembre de 1974, en Villa de Ocampo, Coahuila, se firma por la CNC, CCI, la Unión General de Obreros y Campesinos de México, UGOCEM y el Consejo Agrarista Mexicano, CAM, el Pacto de Ocampo para reorganizar la lucha agrarista oficial.

 

Pregunta 5: ¿Cuál sería el saldo de su administración?:

Entre 1970-1977 se incrementó la dependencia económica y financiera hacia el exterior, que se manifestó con la importancia del papel de la tecnología foránea en el crecimiento, la mayor subordinación del crecimiento al crédito externo, y la mayor penetración y acumulación del capital foráneo en el país. Las inversiones norteamericanas crecieron, entre 1970-1976, del 75% al 76.5%, y las industrias transnacionales pasaron de 1,915 a 4 mil (con el 50% de origen norteamericano).

Echeverría fincó su política exterior en el nacionalismo y la integración de aliados en un frente tercermundista, para enfrentar los intereses hegemónicos del imperialismo. En octubre de 1971 interviene en la ONU demandando el fin del proteccionismo, la ayuda a los países débiles y el desarme mundial, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), con su Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados. La carta proponía el intercambio de tecnología, reformas al sistema monetario con participación de las naciones capitalistas no desarrolladas, mayor asistencia financiera, equidad y acceso a los mercados mundiales y al comercio internacional. Estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China, la República Democrática de Vietnam, la República Democrática Alemania y con Albania, todos ellos países socialistas; realizó múltiples giras visitando naciones de Asia, Europa y América Latina, además de romper relaciones con la Junta Militar chilena que derrocó a Salvador Allende.

La iniciativa privada, que siempre había tenido un voto de calidad, en los años setenta aprendió a regatear en público lo que antes negociaba en privado. La baja en la producción agrícola disparó los precios de alimentos y bienes básicos, que se volvieron a importar; se abandonaron las tierras de temporal, y bajó su producción en un 3.9% anual, mientras que se incrementó en las tierras de riego en un 5.7%. La reforma fiscal de 1971, diseñada para gravar los rendimientos del capital, terminó afectando a los sectores medios y a los altos salarios; se prometió al sector financiero que no nacionalizaría la banca y, en 1972, se contuvo la sindicalización de sus empleados; la iniciativa privada evitó en 1973 la intervención estatal en los medios de difusión y, en 1975, lo que se inició como intento de contener a los grandes terratenientes, acabó en una comisión tripartita en donde los empresarios latifundistas pudieron diluir aquello que los afectase.

En 1973 se manifestó una abierta ruptura con la iniciativa privada, que había alcanzado una independencia política ante los proyectos del Estado, debido al asesinato del industrial regiomontano Eugenio Garza Sada, patriarca del Grupo Monterrey, en un intento de secuestro por la guerrilla, acusándose al presidente de haber instigado un clima de anarquía y odio social. Al mismo tiempo, en 1974, los empresarios aglutinados en la CONCAMIN, ante las exigencias de la burocracia obrera de los sindicatos de la CTM, advirtió que la demanda de aumento de salarios iría contra el programa antiinflacionario, y se acusaba al gobierno de no frenar los procedimientos ilegales y gangsteriles de las organizaciones gremiales; mientras que la CANACINTRA, COPARMEX y CONCAMIN se unieron para afirmar que los sindicatos padecían un afán de preponderancia sectorial, política, en aras de un futurismo inconfesado.

En la industria, para 1975, el 0.7% de los grandes establecimientos producía el 60% del valor total de la producción industrial y disponía del 63% del capital invertido; mientras que las pequeñas empresas, que representan el 81% de los establecimientos, sólo producían el 2.1% del valor de la producción, y poseían el 1.9% del capital. La modernización de la economía favoreció al capital bancario e industrial y su fusión en capital financiero, articulándose los monopolios privados con los estatales, e incrementándose el capital extranjero en el país. El auge empresarial fue impulsado por la expansión del capital financiero, la proliferación del capital transnacional y su articulación con el nacional. Los objetivos económicos echeverristas, para 1970-1976, fueron: a) Crecimiento con distribución del ingreso; b) Reforzamiento de las finanzas públicas y del sector paraestatal; c) Reorganización de las transacciones internacionales y reducción de la deuda externa; d) Modernización del sector agrícola y aumento del empleo; y e) Racionalización del desarrollo industrial

Se buscó reorientar el programa de desarrollo estabilizador, con la meta de ampliar la representatividad y la presencia de la mediana y pequeña burguesía dentro del bloque dominante del gran capital con ligas transnacionales. Las tres reformas fiscales de 1971 a 1974 continuaron gravando los ingresos de las personas físicas, sin gravar las utilidades de las empresas, con lo que se violó el anunciado desarrollo compartido. Entre 1971-1972 se trató que el presupuesto y el gasto público respondieran a las necesidades de crecimiento económico y los gastos de legitimación sociopolítica, cubriéndose el vacío dejado por la inversión privada mediante el endeudamiento y no por el crecimiento de la carga fiscal sobre los incrementos del capital.

Al mismo tiempo, se destinaron grandes recursos a obras de infraestructura social (con incremento del 82%), al mantenimiento y expansión de la burocracia (con incremento del 18% anual) y la multiplicación de agencias, fideicomisos y comisiones, que no justificaron los gasto hechos, pero que sí incrementaron la corrupción en el gobierno. A partir de 1972 la inversión privada ya no sería la más dinámica de la economía, convirtiendo su retraimiento, iniciado a fines de la década de 1960, en franca huida de capitales el país; por lo que el gasto y la inversión pública (junto con el capital extranjero) asumen el papel central de impulsar el crecimiento. El 5% de las familias se apropiaron, entre el 36 y el 40%, de los ingresos totales disponibles; mientras que el 60% de las familias percibía únicamente el 20% del ingreso total que, con la espiral inflacionaria, a partir de 1973 y después de la devaluación de 1976, no mejorarían para nada su situación económica.

En octubre de 1975, como respuesta a múltiples invasiones de tierras en Sonora, los propietarios realizaron un paro de labores agrícolas estacionando la maquinaria en las carreteras, como presión para el recién nombrado candidato a la presidencia José López Portillo. En mayo de 1975 la iniciativa privada constituyó el Consejo Coordinador Empresarial, CCE, que organizó a los industriales, banqueros y comerciantes para combatir el intento del gobierno de crear una Ley de Asentamientos Humanos, que tenía como objetivo el regular el crecimiento urbano desordenado, y la especulación y fraude con bienes raíces; al año siguiente hicieron circular rumores de que se preparaba una reforma urbana que tenía como propósitos: a) Introducir familias ajenas a los propietarios en predios en uso; b) Facultar al gobierno para construir viviendas en los jardines de las casas; y c) Expropiar a los propietarios de más de una casa o inmueble. Para evitar una legislación que legislara el crecimiento de las ciudades, en donde se contemplaba: … el derecho público y la responsabilidad política que tiene el Estado para fundar y ordenar centros de población y ratificar las causas de expropiación …que se fundan siempre en razones de beneficio colectivo, utilidad pública y función social. Las organizaciones patronales de Monterrey señalaron: la ley rompe con la estructura legal de la República, deja al particular indefenso frente al poder público, en cuanto a su bien más preciado: la tierra de su propiedad. El 31 de marzo se realizó una reunión de 160 ricos de 18 estados para, según Echeverría, elaborar un plan para desestabilizar al país; se calificó la reunión de subversiva y profascista, y se acusó al Grupo Monterrey de patrocinarla. En agosto se difundieron rumores de un golpe de estado echeverrista para perpetuarse en el poder, lo que ocasionó compras de pánico y fuga de capitales por ocho mil millones de dólares, que concluyeron con una nueva devaluación del peso.

Durante el sexenio echeverrista se sucedieron caídas agrícolas, invasiones de tierras, huelgas y monopolio industrial. En 1975 la economía mexicana vivió la crisis más profunda en varias décadas: con un crecimiento cero de la producción por habitante, el salario real quedó por debajo del de 1972, la inversión privada se contrajo por primera vez en cinco años, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos superó cuatro veces al de 1971, en el sector estatal se multiplicó siete veces y el subempleo afectó al 45% de la población económicamente activa. Sucedió un derrumbe de los productos agrícolas, inflación, endeudamiento externo, contracción del crédito y la desconfianza de la iniciativa privada por el populismo impuesto. Los signos de la crisis, en la pequeña y mediana industria, fueron de acumulación y monopolización en la grande; controlando más de un tercio del capital, de la producción total y del personal. El régimen fue inestable todo el sexenio: con cambios de cinco secretarios, tres subsecretarios, cinco gobernadores, dos procuradores de justicia y un regente en dos años y medio de gestión, además que desfilaron cinco jefes en el PRI. La crisis política del sistema era tal que para 1976 únicamente el PRI presentó candidato presidencial, con José López Portillo, mientras el PAN no lo hizo por divisiones internas, al reemplazarse la dirección moderada de Manuel González Hinojosa por la tradicionalista de Abel Vicencio Tovar; el PARM y el PPS se plegaron a la candidatura priísta y el Partido Comunista lanzó, sin registro, al líder ferroviario Valentín Campa.

 

Pregunta 6: ¿Qué ofreció José López Portillo al iniciar su gobierno ?:

En los primeros momentos de su mandato presidencial López Portillo apostó su prestigio como gobernante con la premisa de que había sido electo para administrar la crisis. Era de gran importancia lograr la reconciliación con los miembros del sector empresarial, por lo que lanzó algunos de sus proyectos, particularmente el de la Alianza para la Producción, como la solución clave para los problemas socioeconómicos que su gobierno había heredado; que simplificó en la frase: la solución somos todos. Esta alianza estaba apoyada en un control de los gastos públicos, con excepciones y reducciones de impuestos a la exportación, y en el aumento de precios de los productos básicos.

Ante la necesidad de efectuar cambios en la política económica la nueva administración estaba consciente de que debía evitar los conflictos con la clase empresarial, pero también advertía que su alianza con ese grupo podía provocar la inconformidad de los demás sectores sociales. Para resolver ese aspecto contradictorio, utilizó la Reforma Política, pero sólo con el propósito de aliviar las tensiones sociales y no llevar a cabo reformas en la economía que pusieran en riesgo la alianza con el sector privado.

En 1977 presentó al Congreso la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), en la cual se incluyó una ley de amnistía destinada a beneficiar a un buen número de presos y perseguidos políticos. El aspecto central era incorporar a grupos políticos de oposición a la vía democrática, incluyendo a las fracciones violentas con una amnistía; además de ofrecer, al conjunto de los partidos de oposición, mayores posibilidades de representación en la Cámara de Diputados que la reforma política de 1963, para lo que estableció un sistema mixto con el predominio de la mayoría y la ampliación de los diputados hasta 400; estos serían uninominales, electos por mayoría absoluta en las elecciones en cada distrito electoral, y los plurinominales que serían designados de conformidad con la proporción de votos obtenidos por sus partidos en las circunscripciones electorales del país.

La Ley, según el periódico El Nacional del 20 de diciembre de 1977, tenía como propósitos: Lograr que la representación nacional tenga una constitución más adecuada. Lograr que todas las minorías puedan tener acceso a la representación nacional. Establecer mejores mecanismos para las ideologías que coexisten en el país. Implementar un partidismo sano, maduro y responsable, que propicie la expresión auténtica de cada una de las corrientes ideológicas que coexisten en el país; que haga posible que, dentro de un marco de legalidad aprobado y renovado a través del derecho y a través de las leyes, se expresen los distintos puntos de vista, partiendo de la seguridad de que serán respetadas sus iniciativas y de que sus tesis serán válidas para encontrar el mejor destino de nuestro país.

En 1976 se reformó la administración pública federal con el propósito de armonizarlas (en su estructura orgánica estaba integrada por dos sectores: la centralizada con secretarías y departamentos, y el sector de empresas paraestatal descentralizadas), con lo que se agrupó a las paraestatales en sectores encabezados por cada dependencia centralizada; sin embargo, con el paso del tiempo, las paraestatales quedaron subordinadas a las centralizadas, por lo cual el sistema no funcionó, anunciándose así la total incapacidad del gobierno en asuntos administrativos. Para instrumentar un Plan Global de Desarrollo se consideraron metas sucesivas en tres etapas: superar la crisis, consolidar la economía y tener un crecimiento acelerado, por lo que se diseñó un sistema nacional de planeación que pretendía cubrir centralizadamente, y desde el gobierno federal, las necesidades de estados y municipios.

 

Pregunta 7: ¿Qué sucedió con la orientación hacia la petrolización de la economía que realizó en su gobierno?:

Después de otra devaluación, de 12.5 pesos por dólar a 23, en medio de la austeridad llegó el petróleo; por cinco años más el país transitaría por “más de lo mismo”, pero amplificado. Durante los gobiernos de José López Portillo y el echeverrismo, el primero y último año fueron de crecimiento económico bajo, comparado con los años intermedios; así, el crecimiento promedio entre 1972-1974 fue del 6% anual, y en los años del auge petrolero de 1978-1982 se registraron tasas del 8%, una de las más altas del mundo.

López Portillo vio en la industria petrolera la solución para sortear el estancamiento y reiniciar el desarrollo económico con posibilidades ilimitadas. El incremento de las reservas probadas de 10,000 millones de barriles, a más de 70,000, en una empresa que empezaba a importar gasolinas y derivados del petróleo, lanzó a PEMEX a convertirse en exportadora de crudo a nivel mundial, situación que resumió su director ante el Congreso: Esta riqueza constituye no sólo el instrumento para resolver los problemas económicos que tenemos en la actualidad. Es, además, el gran eje económico que ha faltado desde el principio de nuestra historia y cuya ausencia ha inhibido la total consolidación de la nación.

Los descubrimientos y la reorientación económica en el país con la petrolización, se sucedieron en un contexto mundial de crisis de energéticos que convencieron a la población, por una campaña propagandística del gobierno, que México tenía una salida definitiva a sus problemas económicos; señalándose, incluso, reservas potenciales por 200,000 millones de barriles, cuando el precio del crudo subió de 4 dólares el barril, hasta 38 en 1979. La exportación petrolera se incrementó, pero no fue suficiente para pagar las importaciones, que se duplicaron entre 1977-1981, para satisfacer el crecimiento; entre 1976-1981 la exportación petrolera creció 32 veces (de 560 a 14,600 millones de dólares), mientras que el total de las importaciones creció tres veces (de 9,400 millones de dólares, a 32,000). Para 1981 cayeron los precios internacionales del petróleo, y dejó de ser un mercado de vendedores para convertirse en uno de compradores al mejor precio; al mismo tiempo que, en los centros financieros internacionales se registraban tendencias al alza en las tasas de interés, que significaron para México un desembolso de 10,000 millones de dólares, para poder pagar los préstamos que se habían hecho para impulsar la petrolización.

 

Pregunta 8: ¿Qué sucedió en el contexto de las relaciones internacionales durante su gobierno?:

México restableció las relaciones diplomáticas con España, como consecuencia de los cambios democráticos ocurridos tras la muerte de Francisco Franco; y asistió, en 1978, junto con otros cuatro presidentes de América Latina a la ceremonia de ratificación de los tratados entre Panamá y los EUA sobre el canal de Panamá, encabezando la defensa por la autonomía de los pueblos centroamericanos frente a la hegemonía continental norteamericana. La situación de México empezó a tomar un giro distinto, gracias a las crecientes exportaciones de petróleo, que parecían constituir la solución definitiva a los problemas económicos y sociales del país. Así, de manera sorpresiva, México se convertía para el mercado mundial del petróleo en una fuente de abastecimiento más confiable que los países árabes.

La captación de divisas por la venta de petróleo permitió al gobierno mexicano liberarse, antes de lo convenido, del programa de estabilización impuesto al gobierno de Echeverría por el FMI, en 1976. México era objeto de atención no sólo para los EUA; además, al convertirse en un importante productor de petróleo de carácter independiente del bloque de países árabes, varias potencias industriales, entre ellas Francia y Japón, procuraban abastecerse con los hidrocarburos mexicanos. Así, en septiembre de 1979, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, López Portillo planteó la adopción de un Plan Mundial de Energía, que sugería llevar a la práctica mediante un grupo de trabajo integrado por representantes de los países productores de petróleo.

En 1979 se rompieron relaciones con el gobierno somosista de Nicaragua, con el propósito de apresurar su caída, encabezando nuestro país la oposición a la propuesta de la OEA, de intervenir militarmente en ese país; al renunciar el dictador, México se convirtió en el protector del nuevo gobierno sandinista, realizando gestiones ante el gobierno norteamericano para persuadirlo de no intervenir; junto con Venezuela abasteció a los nicaragüenses en sus demandas de petróleo, garantizando ante la banca internacional su deuda externa. Además, se firmó el Acuerdo de San José, suscrito en Venezuela en agosto de 1980, en el cual se comprometía a abastecer de petróleo, con créditos blandos, a los países de Centroamérica y del Caribe, decisión que hizo posible que México tuviera una presencia efectiva en esa región; así, México y Francia presentaron ante las Naciones Unidas un comunicado conjunto, en el que expresaban su grave preocupación por la violencia en la República del Salvador.

En 1981 el gobierno de Ronald Reagan acusó a Cuba y al régimen sandinista de Nicaragua de fomentar la guerra en El Salvador, lo que hacía temer la posibilidad de una intervención estadounidense en ese país; por otra parte, surgía la amenaza de un enfrentamiento bélico entre Nicaragua y Honduras. López Portillo propuso la estabilidad, la paz, la democracia y el desarrollo de Centroamérica. Una muestra del activismo en la política exterior del régimen fue la cumbre Norte-Sur, celebrada en Cancún, Quintana Roo, en octubre de 1981, a la que asistieron mandatarios de los países industrializados, atendiendo la iniciativa del presidente mexicano.

 

Pregunta 9: ¿Cuál sería el saldo del gobierno lopezportillista?:

Expandir la economía, con una agresiva liberación de importaciones, fue la solución en política económica hasta 1981; sin considerar la inflación del orden del 27% entre 1980-1981 y con una generación de empleos superior al crecimiento natural de la fuerza de trabajo entre 1979 y 1980. Cuatro factores contribuyeron a su crecimiento desmedido: 1) El aumento de la actividad económica; 2) La liberación de las importaciones; 3) Crecimiento de la demanda en ciertos sectores, donde la demanda crecía más rápido que la capacidad productiva; y 4) Un efecto mayor de la inflación en el país que en el resto del mundo, que daba lugar a que fueran más competitivas las importaciones.

Una aguda crisis financiera, con creciente especulación y fuga de capitales sucedió en el país, mientras que López Portillo decidió no cambiar los patrones de gastos, ni modificar el tipo cambiario; expresando que: presidente que devalúa es presidente devaluado; para 1982 el peso estaba sobrevaluado, lo que estimuló la dolarización y la fuga de capitales. Los factores negativos fueron: 1) Exceso de demanda interna que superó los recursos de moneda extranjera obtenida por el petróleo; 2) Aumento en las tasas de interés y la fuga de capitales; y 3) La liberación de las importaciones. Se agregó a esta situación el congelamiento del crédito externo, por el riesgo de una posible insolvencia del país para poder pagar su deuda externa.

En febrero de 1982 se devaluó la moneda en un 70%, ante un enorme déficit en la balanza de pagos que se había ampliado por la especulación bancaria con moneda extranjera, una deuda externa de 19,000 millones de dólares en 1976 y de 80,000 en 1982, a lo que se aunó el bajo precio internacional del petróleo. El gobierno desechó una nueva devaluación, el libre cambio de divisas de acuerdo al mercado, y un rígido control de cambios; para comenzar a pensar como opción la nacionalización de la banca privada en el país. Para finales del régimen, en agosto de 1982, el gobierno sabía que había perdido la capacidad de manejo de los asuntos financieros del país ante la fuga de capitales, y el Banco de México no disponía de suficientes reservas para hacer frente a los compromisos más urgentes en divisas, ante la suspensión de créditos de la banca extranjera a nuestra nación.

En un acto desesperado se realizaron enormes ventas de petróleo a los norteamericanos y se iniciaron conversaciones formales con el Fondo Monetario Internacional, FMI, solicitando ayuda; mientras que la imagen presidencial se había deteriorado profundamente. El saldo positivo del sexenio indicaba: exportación de crudo por 1.5 millones de barriles con reservas probadas por 72,000 millones; duplicación de la oferta eléctrica entre 1977-1982; crecimiento del producto industrial a una tasa del 9%; incremento del promedio de empleos del 5.5%, con descenso del desempleo abierto del 8.1 al 4.5%; crecimiento anual del sector agropecuario del 4.5%; educación básica primaria al 90% de los niños; servicios médicos al 85% de la población, y de agua potable al 70%; incremento de recursos destinados al campo en un 87%. Como saldo negativo señalaba la caída de los precios de las exportaciones nacionales, la vigencia de las más altas tasas de interés en la historia, la restricción del crédito y el proteccionismo de los países industrializados, la fuga de divisas y la gran deuda externa del país.

López Portillo expidió en 1982 dos decretos: la nacionalización de la banca y el control de cambios; acusó a los bancos privados de afectar la economía nacional y asentó: Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear; además de prometer que defendería al peso como un perro.Los banqueros eran culpables, según el gobierno, de encabezar, aconsejar y apoyar la fuga de divisas; de generar depósitos en el exterior por 14,000 millones de dólares, la adquisición de propiedades en el extranjero por 30,000 millones de dólares y depósitos por 12,000 millones de dólares en bancos mexicanos; sin embargo, estas acciones se realizaron de acuerdo con reglas formuladas por la Comisión Nacional Bancaria, responsabilidad directa del gobierno federal. La nacionalización de la banca fue un acto personal presidencial, no fue parte de ningún proyecto previo, ni fue consultado con nadie; incluso el presidente electo, Miguel de la Madrid, se enteró con disgusto durante la presentación del último informe presidencial de López Portillo. Representó la confesión implícita del fracaso personal del presidente y del funcionamiento histórico, desde Avila Camacho, del trato con el capital financiero, que ya no garantizaba sino desequilibraba la economía.

López Portillo declaraba, sin que nadie le creyera, que en 33 días más que tenía al mando de la presidencia, reorganizaría la banca y con ella la economía, con lo que reconocía que nadie gobernaba en el país. Su política trajo consigo dispendio e inflación que arruinaron las finanzas bajo el influjo del auge petrolero, para lo cual se endeudó al país; la industria creció basada en las importaciones y los créditos del exterior, con una gran debilidad competitiva hacia el exterior por el proteccionismo ancestral y anacrónico; el mercado interno se avocó al consumo suntuario, bajo el espejismo de que administraríamos la riqueza petrolera; el gobierno navegó en un mar de corrupción y el capital financiero buscó rendimientos seguros en la dolarización y la especulación. Era claro, la economía no estaba preparada para lo que se demandaba en el mundo.

 

Pregunta 10: ¿Cuál fue el contexto en que se inició el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado?:

Miguel de la Madrid señaló en su toma de posesión en 1982: México se encuentra en una grave crisis. Sufrimos una inflación que casi alcanza este año el 100%; un déficit sin precedentes del sector público la alimenta agudamente y se carece de ahorro para financiar su propia inversión... …el rezago de las tarifas y los precios públicos pone a las empresas del Estado en situación deficitaria, encubre deficiencias y subsidia a grupos de altos ingresos; el debilitamiento en la dinámica de los sectores productivos nos ha colocado en crecimiento cero. El nuevo gobierno pensaba construir un país descentralizado, al mismo tiempo que fuera liberal y democrático, renovado y planeado; por lo que debería erradicarse el centralismo, el populismo y el corporativismo, el patrimonialismo y la corrupción, y la ineficiencia y falta de planeación.

Sin embargo, al interior se consideraba que se había llegado al límite de la estabilidad y viabilidad del sistema heredado del desarrollo estabilizador; altos funcionarios calculaban si sería posible llegar al mes de septiembre sin que se produjera una explosión social, considerándose que se había llegado a un punto terminal en el país. Los salarios cayeron un 40%, entre 1978-1983, ahondando la desigualdad; la campaña anticorrupción, principio básico de su gobierno, acabó en vendetas políticas que, aunado con una inflación del 80% y la continuidad del centralismo, ahondaron la desconfianza ciudadana.

En su toma de posesión se refirió a la desconfianza y el sentimiento de abandono que había producido la crisis, señalando: no permitiré que la Patria se nos deshaga entre las manos. Vamos a actuar con decisión y firmeza. Así, anunció la puesta en marcha del Programa Inmediato de Reordenación Económica, PIRE, para reducir del gasto público, proteger el empleo, reforzar la honestidad y eficiencia del sector público, proteger los programas que proveyeran de productos básicos, reformas fiscales para incrementar los ingresos gubernamentales, crédito hacia el desarrollo nacional, operación eficiente de los bancos nacionalizados, una política cambiaria realista, y reformas constitucionales para reafirmar la rectoría del Estado dentro de la economía mixta.

Se proponía reducir la inflación por medio de austeridad, frenando el gasto y aumentando los ingresos públicos. Nuevamente se anunciaba reestructurar la administración pública, para que actuara con eficacia y responsabilidad; proteger el empleo creando ocupaciones temporales en el medio rural y zonas urbanas y brindar apoyos especiales al abasto y al consumo popular; preservar la planta productiva, mediante el estímulo a los productos nacionales sustitutivos de importaciones; mantener un tipo de cambio realista; mantener las obras de infraestructura en proceso y ayudar a las empresas a superar su crisis de liquidez, facilitándoles la reestructuración de su deuda externa; recuperar el crecimiento de la economía con reformas al sistema económico nacional, bajo el principio de rectoría de Estado y dentro del régimen de economía mixta establecida por la Constitución.

 

Pregunta 11: ¿Cuáles fueron sus acciones de gobierno, para enfrentar la crisis?:

En el sector agropecuario continuó la política de sus antecesores, pretendiendo dar prioridad a la autosuficiencia alimentaría, en base a un Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral, en el que se definieron las estrategias para dar una atención constante a la producción de alimentos básicos, que se orientaron a proporcionar créditos, tratar de neutralizar los efectos negativos de la inflación sobre los precios de garantía y, sobre todo, lograr una mayor coordinación entre las organizaciones encargadas de prestar servicios, para lograr una mayor eficiencia. El resultado terminó en fracaso, ya que este sector sufrió una fuerte disminución del 32.6 % en términos reales, a pesar de que en esos años la superficie cultivada en tierras de riego se incrementó en 610,000 hectáreas. La producción total pasó de 10.5 millones de toneladas en 1983, a 7.3 en 1985. Además, y con el propósito de frenar las tendencias de descapitalización en el campo, el gobierno concedió en 1983 dos aumentos generales a los precios de garantía, equivalentes al 100%; dos más en 1984 de 83% en promedio, y otros en 1985 que representaron el 62%; aumentos que tuvieron un impacto en el costo de los precios.

Continuó la labor de planeación emprendida en el sexenio anterior, supuestamente apoyada en una consulta popular, fruto de la cual se afrontaron los temas principales abordados en su toma de posesión, en donde indicó cuatro objetivos principales: fortalecer las instituciones democráticas; vencer la crisis; recuperar la capacidad de crecimiento económico; e iniciar los cambios cualitativos necesarios en las estructuras políticas, económicas y sociales de la nación.

Para su cumplimiento sería necesario emprender tareas imposibles para el sistema político, como desaparecer el sistema presidencialista en manos de un partido único; lo segundo y tercero, que incluía atender las necesidades populares, no se podría atender sin afectar al sistema económico en que se apoyaba el régimen; mientras que, para el cuarto punto sí tenían soluciones: acabar con el sistema proteccionista y los subsidios del Estado Benefactor, al acabar con la participación estatal en la economía, liquidar las empresas del Estado y abrir las puertas de la economía nacional a la globalización del mercado internacional, que era la exigencia del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, al generar los préstamos necesarios para salir de la crisis económica.

Estos cambios implicaron el ingreso de México al General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), GATT; el adelgazamiento del Estado, que significaba una política de privatización de empresas públicas y recorte del gasto público, dedicando gran parte al pago de intereses de la deuda y reduciendo el gasto social en salud, educación y vivienda, además del desempleo de miles de trabajadores y burócratas.

Se reinició el acercamiento con el capital financiero, en 1983, desnacionalizando la banca al poner a disposición del capital privado el 34% de las acciones y pagándoles una indemnización generosa, al darles acceso a la adquisición de empresas no bancarias incluidas en la nacionalización, y el acceso a las casas de bolsa y de seguros; se amplió el acuerdo con las reformas constitucionales que reafirmaron la economía mixta, adicionándolo con la oferta de venta a particulares de diversas empresas paraestatales, para sufragar los gastos ya que los ingresos petroleros estaba condenada a pagar la deuda; todo se apostó a la inversión privada, para lograr la recuperación económica.

Para los EUA existía incapacidad del sistema político para hacer frente a los problemas, a pesar de que se había logrado una integración mayor de la economía nacional a la norteamericana con el establecimiento de empresas maquiladoras en la frontera, el desarrollo de empresas automotrices en el país, la integración de Televisa a sus redes televisivas y el reconocimiento de los norteamericanos al PAN, como la fuerza indicada para desarrollar un sistema bipartidista como el suyo. Sin embargo, ante este embate neoliberal y el empeoramiento en las condiciones de vida, la gente no se insurreccionó sino fue a las urnas, y no a votar por la derecha sino por la izquierda.

 

Pregunta 12: ¿Qué acontecimientos contribuyeron a agravar la situación?:

El discurso demagógico y la incapacidad lamadridista se puso en evidencia ante una sucesión de desastres naturales que azotaron al país, como la erupción del volcán Chichonal en Chiapas, en 1982, y el terremoto que destruyó parcialmente la ciudad de México, en 1985; así como graves catástrofes, producto de la irresponsabilidad y la corrupción, como la explosión de los depósitos de gas combustible en la zona metropolitana, en San Juan Ixhuatepec, Estado de México, y de gasoductos de PEMEX en Guadalajara. El naufragio político se manifestó en las elecciones, que deshizo las promesas de democracia y estableció un conflicto intergubernamental, entre quienes sostenían respetar los triunfos de la oposición, y quienes mantenían la necesaria dirección priísta.

En Chihuahua, en julio de 1983, el PAN ganó en los municipios que integraban el 70% de la población, además otros en Guanajuato y Durango. El PRI aseguró que el poder no se gana en las urnas; así, en las elecciones estatales de Baja California y Yucatán, en septiembre y noviembre de 1984, se procedió a la maquinación del fraude. El partido oficial había dejado de ser una oferta política convincente y, en el norte, estaba en desmantelamiento ante una población que denunciaba el fraude, se movilizaba y actuaba al margen del gobierno. Por otro lado, el presidente había mostrado su ignorancia e insensibilidad, al desplazar a la vieja clase política priísta y rodearse de jóvenes tecnócratas educados en universidades norteamericanas. El nuevo modelo económico propuesto por ellos, era impulsar un modelo competitivo de crecimiento hacia afuera, acabando con el Estado interventor en la economía, por uno rector y restringido a sus tareas básicas. Todo ello con la participación del capital en el reparto de la riqueza del país, que pasó del 43.1% en 1982 al 54% en 1985, a costa de los bajos salarios y de la compra de empresas del sector público; reconcentrándose la riqueza en manos de quienes ya la concentraban, con las ventajas que ofrecían altas tasas de interés y ganancias seguras a los rentistas; fortunas especulativas en el mercado de valores y devaluaciones para beneficiar a quienes habían sacado del país sus capitales. Para 1990 la desigualdad y la concentración de la riqueza crecían; 40 millones sobrevivían con ingresos menores a dos salarios mínimos y 4 millones recibían más de 20 salarios mínimos.

La imagen internacional de un gobierno mexicano deficiente se fortaleció con el incremento del tráfico de drogas, la corrupción generalizada de los organismos policíacos y de justicia, y las denuncias de fraudes electorales. El asesinato de un agente antidrogas norteamericano, por narcotraficantes protegidos por policías, marcó el inicio de una campaña de desprestigio internacional; se dio credibilidad al PAN en sus denuncias de fraudes electorales, que contó con la simpatía de sectores conservadores norteamericanos y su deseo que pudiera llegar a tomar el poder; sobre todo por el ascenso político de fuerzas electorales de izquierda, en 1988, aglutinadas en torno a un disidente priísta, Cuauhtémoc Cárdenas.

 

Pregunta 13: ¿Cómo concluyó su gobierno De la Madrid?:

El plan de choque antisocial lamadridista impulsó las escisiones en el PRI y llevó a la población a buscar nuevas alternativas y crear nuevos partidos, generalizándose en el país la lucha electoral y el fraude gubernamental. En 1987, con una inflación del 160% anual, el gobierno impuso un Pacto de Solidaridad Económica, PESE, que consistía en congelar precios y salarios, aunado a un ajuste fiscal y una paridad cambiaria.

La inconformidad obrera se dirigió de manera particular en contra de la política salarial, el aumento de precios y tarifas de los servicios públicos, la reducción y la eliminación de subsidios, y la liberación de controles de precios de algunos productos de consumo general. El movimiento campesino protagonizó también algunas presiones hacía la política económica, las cuales ocurrieron principalmente en las regiones centro y sur del país. Los partidos de izquierda (PPS, PST, PSUM, PMT y PRT) mantuvieron una crítica permanente hacía la política de austeridad y ejercieron constantes presiones mediante manifestaciones, mítines, bloqueo de carreteras, pero sobre todo a través de las campañas electorales, principalmente municipales.

El partido oficial manifestó una división que condujo a la escisión partidista; a mediados de 1986 se formó en su interior un grupo que integró la Corriente Democrática, encabezada por Porfirio Muñoz Ledo, ex-presidente del PRI, y Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, ex-gobernador de Michoacán e hijo del presidente Lázaro Cárdenas, quienes fueron marginados e integraron un Frente Democrático Nacional, uniendo al PPS, PARM y PST para enfrentar, con Cárdenas como candidato a la presidencia, al partido oficial. El proyecto cardenista planteó combatir el empobrecimiento de las mayorías, disminuir el desmantelamiento del aparato económico estatal y dejar de dar prioridad al pago de la deuda sobre las necesidades del crecimiento. El candidato priísta fue el artífice de la política gubernamental neoliberal, el Secretario de Programación y Presupuesto Carlos Salinas de Gortari, quien planteó como plataforma política la reducción del papel del Estado en la economía, la apertura comercial, la modernización de la planta industrial y la renegociación de la deuda externa. Por su parte, el PAN lanzó al líder empresarial Manuel J. Clouthier, cuya propuesta de gobierno no difería de la priísta salvo en un detalle, la exigencia del sufragio efectivo. Las elecciones de 1988 se desarrollaron en medio de un clima político muy conflictivo, en donde nadie pudo prever la importancia que tendría el voto ciudadano, pues nunca unas elecciones federales, en el siglo XX, llegaron al nivel de competencia que alcanzaron las de 1988. El día de las elecciones la Comisión Federal Electoral, CFE, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Manuel Bartlet, y responsable de la conducción del proceso, hizo un anunció sorpresivo: el centro de cómputo de los votos se había caído y, ante esa situación, la CFE entró en receso. Que para la gran mayoría del país significó la realización del mayor fraude electoral de la historia.