Conciliación política

Conciliación política porfirista

Porfirio Díaz con su familia, 1900.

 

 

Una idea rectora del programa de Díaz fue el progreso material del país, objetivo que implicaba a su vez la paz y la estabilidad como condiciones para el fomento de la economía y la inversión extranjera. Por lo que estuvo dispuesto a ceder privilegios y establecer alianzas con los grupos políticos que había enfrentado en otros tiempos.

En la construcción de este proyecto, Díaz utilizó diversos medios: sus relaciones familiares; el otorgamiento de beneficios económicos como subsidios, puestos públicos; así como reformas políticas (sin transformar la Constitución) y el uso de la fuerza.  Sin embargo, nunca dejaron de existir la oposición de grupos políticos, de la prensa y de ciertos sectores del clero mexicano.

A través de la conciliación o negociación, Díaz logró el propósito de mantener cohesionados a los diferentes grupos liberales: los que lo apoyaron en la revuelta de Tuxtepec, así como a los propios lerdistas juaristas e iglesistas. Su matrimonio con Carmen Romero, hija del lerdista Manuel Romero Rubio le permitió la adhesión de este grupo político. Además también atrajo a una parte de los conservadores, sobre todo a miembros de la iglesia católica.

Algunas de las figuras de la alianza política porfirista más representativas fueron:

Joaquín Baranda y Quijano (1840-1909)

Ministro de justicia desde 1882 quien representaba a un grupo de liberales que provenían de la etapa de la Reforma y que tenían una gran presencia en los estados del golfo de México.

José Yves Limantour (1854-1935)

Ministro de Hacienda entre 1893 y 1911, pertenecía al grupo de intelectuales y políticos conocido como los “científicos” vinculados a grupos económicamente poderosos de la capital del país.

Bernardo Reyes Ogazón (1850-1913)

Fue gobernador del estado de Nuevo León y ministro de Guerra entre 1900 y 1902, representaba a los porfiristas clásicos de tradición militar y tenía apoyo de sectores importantes en Nuevo León: grandes y pequeños empresarios, clases medias y trabajadores organizados.

El trato conciliador de Díaz con la Iglesia católica, le redituó la pasividad política y la colaboración de los conservadores católicos, sobre todo de sus miembros más destacados; a cambio la Iglesia aprovechó la tolerancia del gobierno e inició su reestructuración institucional:

Fue en este contexto internacional en el que México impulsó su crecimiento económico, apoyándose en la apertura externa:

  1. Entre 1876 y 1895 quedaron restablecidas las órdenes religiosas y se crearon otras nuevas.
  2. Se restableció la “Compañía de Jesús” de los jesuitas que había sido abolida por las Reformas Borbónicas en 1767.
  3. Se incrementó el número de escuelas y centros de enseñanza religiosa.
  4. Se crearon obispados en varios estados de la República.
  5. Se Aumentó el número de templos católicos de 4.893 en 1878 a 9.580 en 1895.
  6. Se permitió que las festividades religiosas se celebraran fuera de los templos, a veces con gran esplendor, como la coronación de la virgen de Guadalupe en 1892.

El entendimiento entre Díaz y la vieja generación de conservadores católicos tuvo el aval y la colaboración del arzobispo Pelagio Antonio de Labastida.

Sin embargo, una nueva generación de católicos criticó la pasividad del clero, así como su abandono de la militancia política. Utilizaron el periódico El Tiempo para su expresión ideológica. La promulgación en 1891 de la encíclica  Rerum Novarum (“De las cosas nuevas”) del papa León XIII, que planteaba la apertura de la Iglesia a la cuestión social, significó para la nueva generación de católicos mexicanos una llamada al activismo político que finalmente tuvo como resultado la creación del Partido Católico en 1911.

El sistema porfirista permitió el funcionamiento de las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, así como entre el gobierno federal, los estados y los diferentes actores políticos, lográndose con ello la estabilidad suficiente para el impulso del crecimiento económico.
Sin embargo, la república democrática establecida en la Constitución (las libertades políticas y la representación popular) estuvo ausente durante el Porfiriato, siempre pospuesto y supeditado al logro del desarrollo económico.

Mesa directiva del Partido Católico Nacional, presidida por
Gabriel Fernández Somellera, que inauguró sus actividades para participar en la
contienda electoral de 1911, auspiciando la fórmula Madero-De la Barra.